Un notificador llega al domicilio de la empresa y entrega un citatorio. El documento lo recibe vigilancia, recepción, una asistente administrativa o el encargado de la sucursal. Como el dueño no se encuentra y nadie sabe qué hacer con él, queda sobre un escritorio, se envía por WhatsApp varios días después o se archiva entre otros documentos.
Cuando la dirección finalmente se entera, la audiencia de conciliación ya ocurrió.
Este escenario, frecuente en pequeñas y medianas empresas, suele interpretarse como un simple descuido administrativo. Sin embargo, puede producir una multa, reducir las posibilidades de resolver el conflicto antes de un juicio y evidenciar que la empresa no cuenta con mecanismos básicos para atender asuntos laborales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reforzó recientemente la importancia jurídica de estas audiencias. El 10 de agosto de 2026 resolvió la contradicción de criterios 6/2026 y determinó que las impugnaciones contra multas impuestas por los Centros de Conciliación por no acudir a una audiencia prejudicial deben ser conocidas por tribunales colegiados en materia de trabajo. La razón es relevante para cualquier empresario: la multa no es un acto administrativo aislado, sino parte del procedimiento laboral.
¿Qué es la conciliación prejudicial laboral?
Antes de que determinados conflictos laborales lleguen a un tribunal, las partes deben acudir al Centro de Conciliación competente para intentar alcanzar un acuerdo. Existen excepciones previstas en la propia Ley Federal del Trabajo, por lo que no todos los asuntos laborales siguen necesariamente esta etapa.
En términos generales, cuando una persona trabajadora presenta una solicitud de conciliación, el Centro señala una fecha para la audiencia y cita a la empresa o persona empleadora. El objetivo no es determinar todavía quién tiene la razón ni dictar una sentencia, sino crear un espacio institucional para conocer el conflicto, explorar alternativas y, cuando resulte jurídicamente conveniente, alcanzar un arreglo antes de iniciar un juicio.
La información aportada durante la conciliación está sujeta a reglas de confidencialidad. Si las partes llegan a un acuerdo, el convenio celebrado ante el Centro adquiere la condición de cosa juzgada y puede exigirse judicialmente en caso de incumplimiento; si no existe acuerdo, se emite la constancia correspondiente para continuar con la vía jurisdiccional. La conciliación no debe verse como una reunión informal: es una etapa regulada por la Ley Federal del Trabajo y puede tener consecuencias jurídicas y económicas importantes.